En los últimos días esta en boca de todos la “guerra” en la red por la “caída” de megaupload. Y lejos de tomar parte jurídica por unos u otros, lo que me pregunto es cual es el alcance del cinismo de los centros de poder a la hora de justificar sus actuaciones. Y sumado a ello la connivencia de la prensa, cada vez menos profesional y mera transcriptora de teletipos y versiones oficiales. Quizá gracias a eso, Pedro J. Ramírez se atreve a sugerirle al nuevo gobierno del Partido Popular la subvención publica a los medios (en unos premios de su periódico con seis ministros en la tribuna, por casualidad, seguro). Pues a lo que iba. Con el cierre de MegaUpload, oímos las absurdas justificaciones acerca de la comisión de delitos favorecida por los propietarios (que probablemente hayan hecho cosas mucho peores que rascar unos dólares a las multinacionales del entertainement). En esa línea, se me ocurre que cuando alguien defraude a hacienda, se juzgue al banquero que guarda su dinero, o que cuando se comete un delito con arma de fuego, se juzgue al fabricante de armas por poner a disposición tal “herramienta”. Es decir, que solo en un caso (casualmente la piratería informática) se juzga al proveedor y no a quien causa el daño. Y casualmente, es el único caso en que la perjudicada es la multinacional. Menos mal que están los EEUU para velar por nuestros derechos.
